Por la resolución 1319/2025, publicada el viernes último, la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación estableció nuevos requisitos para el proceso de acreditación y reconocimiento de las funciones de los medios de comunicación y periodistas en la Casa de Gobierno.
La ambigüedad de algunas de esas normas, la subjetividad con la que podrían ser evaluadas por los gobiernos de turno y la restricción cuantitativa de los profesionales que cubren las actividades de uno de los poderes de gobierno configuran una situación peligrosa, que podría afectar seriamente el a la información pública. ADEPA espera, por lo tanto, que esas nuevas medidas sean revisadas.
La resolución instaura una suerte de “derecho de isión” por el que se evalúan los datos de audiencia de los medios representados, el alcance territorial de cada medio en particular y los antecedentes de especialización de su cobertura periodística, y de los profesionales autorizados a cumplir esas funciones. No se recuerda una resolución de igual naturaleza. Además, el gobierno regula la disponibilidad operativa de espacios y demás documentación presentada.
Más allá de la discrecionalidad de tales evaluaciones y puntajes -la mayoría de los cuales, pese a lo pregonado, distan de ser criterios objetivos-, su aplicación podría significar una discriminación contra medios pequeños y medianos, que no suelen aparecer en los rankings de métricas digitales o, incluso, llevar a la exclusión de otros por motivos no profesionales.
La resolución dispone un límite a la cantidad de periodistas acreditados en la Sala de Prensa. No podrán ser más de 25 personas. Y se fija en 36 el número de periodistas que pueden acceder a la Sala de Conferencias. Ambas cifras resultan ser excesivamente restrictivas si se tiene en cuenta la cantidad de profesionales que se desempeñan en la actualidad en la Casa Rosada.
La normativa autoriza únicamente “la circulación transitoria por las áreas comunes que sean estrictamente necesarias e indispensables, con el solo fin de trasladarse desde los puntos habilitados de ingreso y hasta los espacios habilitados para la realización de eventos o actividades periodísticas”, prohibiendo la “permanencia y circulación en pasillos, oficinas o despachos”. Otra vez, la rigidez de la regulación establecida desconoce la cotidianeidad y naturaleza del trabajo periodístico. Es fácil comprender que, sin posibilidades de acceder a áreas o sectores discrecionalmente restringidos, se afecta mucho la cobertura periodística de lo que ocurre en la Casa Rosada. Se desconoce que de la propia dinámica de la interacción entre funcionarios y periodistas, gestada con la prudencia y responsabilidades del caso, surgen informaciones de alto valor para el conocimiento de la sociedad, destinataria, en definitiva, del derecho a una información lo más amplia posible.
En un documento publicado recientemente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con estándares para el relacionamiento de gobernantes con periodistas y medios de comunicación, se señala que uno de los modos de poner trabas al trabajo de la prensa es limitar o condicionar la acreditación de periodistas, requisito cuyo cumplimiento posibilita el de reporteros a oficinas o actos gubernamentales.
El documento alerta que los gobiernos disponen de estas limitaciones argumentando que la multiplicación de plataformas informativas y, en especial, la informalidad de algunos nuevos medios digitales, genera una avalancha de pedidos de acreditación. De ahí la idea que prospera en algunos gobiernos de limitar el de periodistas a los ámbitos de gobierno donde se gestan los actos públicos que terminarán afectando de un modo u otro a las respectivas sociedades. Se alude, por ejemplo, a la supuesta necesidad de que las ruedas de prensa no se conviertan en multitudinarias a fin de generar un diálogo más “profesional”.
Sin embargo, detrás de estas argumentaciones, que en principio puedan sonar razonables, suele esconderse la intención de digitar los permisos de para rechazar así el ingreso de periodistas críticos o que no sean del agrado del gobernante, dice la SIP.